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Garzón, de nuevo en el banquillo de los acusados
Martes, 24 de Enero de 2012 09:55
El Tribunal Supremo vuelve a juzgar desde hoy al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en esta ocasión por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, una causa que ha movilizado a juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos en apoyo del magistrado.
La plataforma "Solidarios con Garzón" ha vuelto a convocar hoy una concentración frente al Supremo a las 10:00, media hora antes de que comience la vista, y por la tarde trasladarán a la madrileña puerta del Sol su protesta para denunciar lo que consideran una "persecución política".
Representantes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch van asistir hoy como "observadores" al juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.
El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", tiene ahora que enfrentarse a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La Fiscalía no presente acusación, como en todas las causas abiertas contra Garzón.
La sesión de hoy estará dedicada a las cuestiones previas y no está previsto que Garzón declare hasta el próximo día 31, tras lo que se han reservado los días 1,2,6,7,8, y 9 de febrero para la declaración de la veintena de testigos propuestos por la defensa, la mayoría de ellos representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.
No estarán en este juicio, sin embargo, algunos de los testigos que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, consideró claves para probar la inocencia del magistrado.
El Supremo rechazó que declararan los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel).
También fueron rechazados los testimonios de varias personalidades jurídicas internacionales solicitadas por la defensa, entre las que figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Para pedir la absolución del magistrado, la defensa de Garzón se apoya entre otros argumentos en la llamada "doctrina Botín" del propio Supremo, que impide abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo de la causa, como sucede en este caso. EiTB.