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Viernes, 16 de Octubre de 2009 15:32

Ayer día 15 Res Pública organizó su primera conferencia del nuevo curso 2.009-10, con la presencia ante los socios y simpatizantes de la Asociación de la Vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles Fernández, que fue presentada a los asistentes por el Presidente de la Asociación, Angel Gaminde.

Síntesis de su intervención.

Transcurrido un año desde su toma de posesión como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles ofreció ayer en Res Publica su visión critica de la Institución con importantes apreciaciones sobre nuevas formas de actuación de la misma dentro de su marco normativo y constitucional. De este modo, comenzó con la constatación del absoluto desprestigio del Consejo, en la opinión publica, de los ciudadanos en general y entre los mismos miembros de la Judicatura, de la que es máximo órgano de gobierno.

En el completo análisis de la Institución que nos ofreció, Doña Margarita comenzó por el cuestionamiento de su configuración constitucional que copia la regulación italiana, señalando que los redactores de la Constitución no previeron los problemas que su configuración plantearia por no considerar esta cuestión con el debido detenimiento, en un momento de génesis contitucional en el que no era una cuestión prioritaria ni urgente.

Contrapuso el carácter indudable y esencial del Consejo como órgano Político, no sólo por su génesis constitucional, sino como inherente a la configuración básica de órgano de gobierno del tercer Poder del Estado, con las consecuencias derivadas de la fórmula escogida constitucionalmente entre las posibles para la elección de sus miembros, en el Parlamento, como representante de la Soberania Popular, que han derivado en una no deseable politización del Consejo, a cuyos miembro se ha visto como meros mandantes de los Partidos Políticos y sometidos en su actuación a los mandatos de los grupos parlamentarios que han apoyado su elección para el cargo.

Elegida como una de las Vocales de un Consejo designado tras otro cuyo mandato se prorrogó durante siete años, por la falta de consenso entre los partidos para su renovación, nuestra ponente expresó su deseo y el de los miembros del nuevo Consejo de superar la situación de bloques en la toma de acuerdos y de que en el funcionamiento de éste primara el consenso. Puso como ejemplo el caso del Juez Tirado, y su sanción en medio de una fuerte presión mediática y política, y los nuevos nombramientos con mayor consenso salvo en los casos mas problemáticos de los Tribunales Superiores de Justicia del Pais Vasco, Valencia y Cataluña. y destacó el comentado suceso del anuncio por parte del Presidente del Gobierno, y Mariano Rajoy de la designación de Carlos Divar como Presidente del Consejo, dias antes de la votación para ese fin entre los Vocales, como una falta de respeto institucional.

Doña Margarita Robles puso de manifiesto la dificultad de funcionamiento del Consejo por su elevado numero de miembros, y la falta de una organización interna eficaz, a la manera de "ministerios" para el funcionamiento de sus Comisiones.

Preocupada como eje central en el ejercicio de su cargo por el desarrollo de la función judicial como un autentico Servicio Publico, cercano, accesible y comprensible por el ciudadano, eje y punto central de toda su actividad, en su concepción del desempeño de la Justicia en el Estado, expuso su preocupación por el estado de esa percepción fundamental en el animo de las nuevas promociones de jueces, en las que advirtió una funcionarización de su misión. Manifestó que su trabajo y el del Consejo mejorarian considerablemente mediante una necesaria transformación del proceso de selección de jueces, e incidió en la necesidad de superar el actual sistema de mera oposición para el acceso a la Carrera Judicial, así como en dotar de un nuevo contenido y función a la Escuela Judicial, advirtiendo, no obstante, que un nuevo sistema de selección deberé en todo caso posponerse hasta la conclusión de los tres procesos de selección ya comprometidos con el sistema vigente por el Ministerio de Justicia en el ultimo Plan Estratégico aprobado para los próximos tres años.