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Martes, 17 de Noviembre de 2009 13:47

Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este Foro, a la asociación Res Pública y a su presidente Ángel Gaminde la oportunidad que me dan de exponer algunas ideas sobre el cambio político en Euskadi que los socialistas estamos liderando desde el Gobierno Vasco.

También, por supuesto, agradecer a Txema sus palabras de presentación y sobre todo su trabajo al frente del grupo socialista en el Ayuntamiento de Bilbao. Un trabajo que conozco bien, por razones de cercanía personal y política, un trabajo que todos los socialistas apreciamos y, lo que es más importante, que aprecian también muchos miles de bilbainos y bilbaínas. Gracias Txema.

El cambio que perciben los ciudadanos comienza siempre por lo más próximo, por su calle, por su barrio… Y por eso en Euskadi hace falta empezar a invertir en serio en esas estructuras de acogida que son los barrios de nuestras ciudades.

El cambio que hoy ha llegado a Lakua empezó en las ciudades. Empezó, en mi opinión, cuando en las elecciones municipales de 2007 el PSE-EE se hizo con las alcaldías de dos de las tres capitales (Donostia y Vitoria-Gasteiz) y de siete de los diez municipios más grandes de Euskadi.

Y el cambio se consolidará, si así lo quieren los ciudadanos, en las ciudades. Con un triunfo en las elecciones municipales y forales de 2011 que suponga el refrendo popular a la gestión del nuevo Gobierno y, por que no decirlo, a la decisión valiente del socialismo vasco a la hora de asumir la responsabilidad histórica de ser alternativa. Mi intención hoy aquí es exponer en primer lugar lo que son, desde mi punto de vista, los ejes del cambio político que se ha producido en Euskadi desde la formación del Gobierno del lehendakari Patxi López en mayo pasado y, a continuación, aprovechando que estoy entre colegas, abordar si acaso brevemente los retos de la Justicia en Euskadi hoy. Trataré de hacer ambas cosas con la máxima claridad y por supuesto con toda honradez.

Empezaré por trasladarles mi convicción personal de que la sociedad vasca ha asumido el cambio político que se produjo tras las elecciones autonómicas del 1 de marzo con enorme madurez y normalidad democrática.

Las voces que anunciaban poco menos que el Apocalipsis si el PNV abandonaba el Gobierno Vasco y otras, es verdad que minoritarias, que han tratado y siguen tratando de desprestigiar al Lehendakari y a su Gobierno en una operación de acoso y derribo bastante burda, claman en el desierto.

La inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, también una parte del nacionalismo sociológico, ha asumido la alternancia política, el relevo en las labores de gobierno, como algo normal en democracia y seguramente muy saludable después de 30 años.

En apenas seis meses el nuevo Gobierno ha tenido sus momentos mejores y peores. Pero creo sinceramente que el cambio ya ha servido para dejar atrás una etapa de división, una década de tensionamiento permanente de la vida política, y para recuperar el sosiego que esta sociedad necesita para hacer frente a los retos de futuro.

Para todos los partidos vascos, pero especialmente para el PNV, que por primera vez en 30 años está fuera del Gobierno Vasco, se ha abierto una nueva etapa.

Una etapa para fijar nuevas metas colectivas, para renovar los liderazgos y los discursos y para repensar el lugar que cada uno quiere ocupar a partir de ahora en este sistema político complejo que es Euskadi.

También para el mundo que hasta hoy ha dado cobertura política al terrorismo de ETA se abre una nueva etapa.

Después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la legalidad de la Ley de Partidos Políticos y la aplicación que el Tribunal Supremo y el Constitucional han hecho de la misma, nadie puede llamarse a engaño.

El que en el futuro quiera hacer política en este país tendrá primero que romper con ETA, alejarse definitivamente de las bombas y las pistolas, y emplear las únicas armas que son aceptables en democracia: el voto y la palabra.

A partir de ahora, nadie que no renuncie expresamente al terrorismo y a violencia va a poder penetrar en el terreno en el que se desarrolla la competición política.

Los que ayer hablaban de Euskadi y del Estado español como una democracia “de baja calidad” o acusaban al Gobierno sin fundamento de combatir al terrorismo “achicando la democracia” hoy se han quedado sin argumentos.

En Euskadi ni se ilegalizan ideas, ni se viola la libertad de asociación, ni se impide el libre ejercicio de la democracia, como algunos repiten machaconamente desde hace tiempo.

Todas las ideas y todos los proyectos políticos, también la independencia, se pueden defender en el Parlamento y se pueden someter al veredicto de las urnas.

Lo único que se impide, con la ley en la mano, es que haya organizaciones que actúen contra el sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, sosteniendo la violencia y las actividades terroristas de ETA.
No seré yo quien cuestione ni ponga en duda el compromiso inequívoco del PNV con la defensa de la democracia y el combate del terrorismo, ahora en la oposición y antes mientras tuvo responsabilidades de Gobierno.
Más allá de errores puntuales –como lo es, a mi juicio, su presencia en la manifestación de Donosti de hace unas semanas- ese compromiso es algo que nos consta a todos los que, por desgracia, desde hace muchos años tenemos que hacer política en este país escoltados.
Pero es también un hecho que la opinión pública percibe un cambio en la actuación del nuevo Gobierno en su relación con las víctimas del terrorismo y en su firmeza a la hora de deslegitimar socialmente los argumentos que han tratado de ampararlo y justificarlo.
Me estoy refiriendo a la política de ‘tolerancia cero’ con quienes, siguiendo la estrategia terrorista de ETA, tratan de generar o favorecer un clima de confrontación social en Euskadi, cuando no de dar soporte implícito al terrorismo.
Una labor en la que el consejero de Interior se ha destacado, con la tenacidad que le caracteriza, y que no ha estado exenta de polémica.

El pasado 21 de septiembre conocimos una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ que revocó parcialmente las resoluciones del Departamento de Interior sobre la exhibición de fotos de presos etarras en concentraciones para reivindicar su reagrupamiento en cárceles próximas a Euskadi.

Un fallo que, como otros emanados de los tribunales, no puede merecer del Gobierno al que pertenezco distinta opinión que ser legítimo y justificado corolario de la tutela que ejercen los tribunales de los derechos fundamentales para todas las personas y grupos, con independencia de la adscripción ideológica, social o de cualquier otra índole de éstos.

Pero más allá de las dudas que el Gobierno expresó sobre la final valoración que se obtiene de los hechos enjuiciados, yo me quedo con la aplicación que el tribunal hace al caso de la doctrina del TC en la interpretación y aplicación del derecho de reunión, conforme al artículo 21 de la Constitución.
Y me quedo también con el reconocimiento expreso por parte del tribunal de que la exhibición de fotos de presos puede ser, dependiendo del contexto, atentatoria de la memoria de las víctimas de actos terroristas, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Este Gobierno y esta consejera van a hacer siempre una defensa decidida de las resoluciones judiciales y por supuesto de los derechos humanos de todas las personas, y al mismo tiempo va a estar de forma incondicional del lado de las víctimas del terrorismo.

En Euskadi, como en el conjunto de España y también en Francia, seguimos padeciendo una violación sistemática del derecho humano fundamental a la vida por parte de la organización terrorista ETA.

Una banda terrorista que en el último año ha asesinado a los guardias civiles Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca, al inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga y al empresario Inaxio Uria en Azpeitia.

Todos ellos, al igual que todas las víctimas del terrorismo –y no puedo dejar de mencionar a nuestro recordado José María Lidón- merecen nuestro homenaje desde la conciencia clara de que el asesinato de cada uno de ellos es la violación fundamental de derechos humanos que se produce en nuestra sociedad.

Ello no significa que no asumamos que en la historia reciente de nuestra joven democracia se han producido otras violaciones de derechos humanos fundamentales por parte de otros agentes, singularmente por parte de elementos del propio Estado.

Y por ello afirmamos que el Estado de derecho debe vigilarse permanentemente a sí mismo para no dejar de serlo, y perseguir efectivamente todas las lesiones a los derechos humanos que se produzcan.

Pero nos negamos a establecer ningún tipo de correlación y balance entre las distintas violaciones de los derechos humanos que se producen en nuestra sociedad. Y, menos todavía, si de lo que se trata es de establecer relaciones de causa a efecto entre unas violaciones y otras.

La lesión del derecho a la vida por parte de la banda terrorista ETA existe como tal, sin ningún tipo de justificación ni contextualización.

Y por eso este Gobierno no tiene hoy tarea más importante que la de, siendo leal al espiritu y a la letra de la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento Vasco la legislatura pasada, deslegitimar política y socialmente a ETA y construir la paz.

Construir la paz, tal y como lo entendía nuestro recordado Fernando Buesa. “Paz que exige renuncia a utilizar la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos. Paz que exige la desaparición de la violencia. Paz que requiere justicia para las víctimas inocentes de tanta barbarie. Paz que necesita reconciliación y oportunidades de reinserción para quienes causaron víctimas y daños. Paz fundada en la libertad de defender cualquier pretensión política por procedimientos exclusivamente democráticos”.

En la Euskadi del siglo XXI no hay ninguna justificación ni para la violencia como arma política, ni para la extorsión, ni mucho menos para el asesinato de personas.

Hemos pasado mucho, hemos sufrido mucho, y hoy podemos ser cualquier cosa menos ingenuos en relación a las intenciones de aquellos que supuestamente dicen querer hacer política alejados de las bombas y las pistolas.

Como hoy mismo explica Patxo Unzueta en un magnífico artículo de los suyos en el diario El País, hay un paso previo que es el abandono definitivo e incondicional de las armas por parte de ETA. Un abandono unilateral que ya no solo pide el Partido Socialista, sino que están pidiendo incluso aquellos partidos y sindicatos nacionalistas con los que la izquierda abertzale aspira a formar su polo soberanista.

El terrorismo sobra y en el momento en que alguien lo emplea para apoyar su causa, lo único que consigue es desprestigiarla. Esto lo ha interiorizado ya la inmensa mayoría de la sociedad vasca y por eso ETA -y quienes aún amparan y justifican sus crímenes- no tiene ningún futuro.

UN CAMBIO PARA EL DIÁLOGO

Pero siguiendo con el cambio que este Gobierno se ha propuesto, quiero resaltar que es también un cambio para recuperar el diálogo.

Diálogo con las diputaciones y con los ayuntamientos para abordar asuntos de gran calado como son la política industrial, el futuro de los servicios sociales y del empleo, la financiación municipal, el gasto de las administraciones públicas o la futura Ley de la Función Pública.

Diálogo con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos, para tomar medidas para hacer frente a la crisis: medidas concretas en temas de formación y de seguridad laboral.

Diálogo con las comunidades vecinas, con Navarra y con Cantabria, y también con el Gobierno central para resolver situaciones largamente atascadas -como el mal llamado “blindaje del Concierto”- y también para asumir las competencias que nos corresponden en virtud del Estatuto de Gernika.

El cambio es también para desplegar, a pesar de la crisis, POLÍTICAS SOCIALES que no han sido prioritarias en este país. Es el momento de demostrar que Euskadi se puede gobernar desde la izquierda, tocando de cerca las preocupaciones reales de la gente.

Un cambio en definitiva para unir al país. Porque Euskadi, que es un país pequeño, no puede permitirse el lujo de la desunión, de que sus instituciones se hagan la oposición unas a otras. De que los territorios estén enfrentados entre sí. De que los ciudadanos se den la espalda porque vivan su identidad y sus ideas de forma diferente.

Y un cambio también para mirar al futuro, no al pasado. En lugar de levantar las alfombras, como nos pedían algunos, este Gobierno ha sabido mirar hacia delante y, eso sí, informar a la ciudadanía (a veces quizá con excesiva crudeza) de la situación real de nuestra economía, que atraviesa como todos ustedes saben un momento enormemente delicado.

El martes pasado aprobamos en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de presupuestos. Unas cuentas públicas en las que ingresos y gastos han cuadrado con dificultad porque como dijo el Lehendakari recientemente ha habido que afrontar los gastos de 2010 con ingresos de 2005.

La caída de la recaudación ha obligado a todos los departamentos del Gobierno a apretarse el cinturón, aunque para su tranquilidad les diré que el presupuesto de Justicia no se recorta, sino que crece en torno a un 2% y pasa de 176 M en 2009 a casi 180 en 2010.

No puede ser de otra forma porque la Justicia en Euskadi tiene por delante retos tan importantes como el de la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, o lo que es lo mismo, de hacer de la justicia un servicio más ágil, claro y accesible al ciudadano.

Irun y Getxo acogen ya una experiencia piloto de funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial, pionera en España.

El Plan de Modernización de la Justicia puesto en marcha por el Ministerio de Justicia y con el que vamos a colaborar de forma entusiasta desde el Gobierno Vasco incluye como ustedes saben un conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán durante los próximos tres años.

Transcurrido este periodo de tiempo, Euskadi contará con nuevas unidades judiciales de apoyo directo (su número se valorará a lo largo de la implantación) y se habrán convocado 21 nuevas plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales.

Con el despliegue de la Nueva Oficina Judicial la organización judicial ganará en racionalidad y eficiencia. Los juzgados tendrán además sistemas informáticos avanzados que permitirán la normalización del expediente judicial digital y que las comunicaciones y notificaciones judiciales se lleven a cabo electrónicamente mediante correo securizado.

No entraré a detallarles el calendario previsto para la implantación de las Oficinas Judiciales y Fiscales, pero el objetivo es que entre julio y diciembre de 2011 llegue a Vitoria-Gasteiz; entre enero y junio de 2012 a Donosita; y a partir de enero de 2013 a Bilbao.

Es indudable el esfuerzo de ejecutivos anteriores en la debida dotación de recursos materiales, referidos a edificios y medios informáticos, para la Administración de Justicia.

Gracias a este esfuerzo los órganos judiciales de Euskadi están ya preparados para comunicarse telemáticamente no solamente entre ellos sino también con los del resto de España. La interoperabilidad entre los Juzgados vascos se ha extendido, desde mediados de septiembre, a otras comunidades autónomas como Andalucía o Canarias con las que ya es posible el intercambio telemático de exhortos.

El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco se convierte así en la primera Administración Pública que pone a disposición de los órganos judiciales de su comunidad la tramitación automatizada de las diligencias de auxilio judicial, con la posibilidad de eliminar el papel.

En concreto, hemos habilitado para los juzgados y tribunales de Euskadi una plataforma de integración para el intercambio de información que permite, a través del Punto Neutro Judicial (nodo central de comunicaciones del Consejo General del Poder Judicial), la intercomunicación entre los órganos judiciales de todo el Estado.
Aunque tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas con competencias en Justicia trabajan en la mejora de sus sistemas informáticos, aún no es posible aplicar este mecanismo telemático de forma generalizada. No obstante, ya se han realizado pruebas satisfactorias con órganos judiciales de las comunidades andaluza y canaria.

El proceso de modernización de la Administración de Justicia en Euskadi, que lidera el Gobierno Vasco, ha llegado a una fase determinante con la implantación de la Nueva Oficina Judicial y del sistema informático de apoyo diseñado para afrontar los nuevos métodos de trabajo. Todo ello, desarrollando al máximo las posibilidades que ofrece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la legislación procesal que acaba de ser aprobada.

En materia de informática judicial, el Gobierno Vasco, desde la asunción de competencias, ha ejecutado diferentes planes informáticos dirigidos a la modernización de la Administración de Justicia. Actualmente está en ejecución el cuarto Plan de Informática y Comunicaciones 2008-2011. Se trata de la continuación del trabajo realizado en planes anteriores para lograr unos sistemas eficaces en la prestación de servicios que cubran las necesidades de los ciudadanos, de los profesionales, de la propia Administración de Justicia y de otras administraciones.

Sistemas con los que hacer frente al intercambio de información con otras administraciones de justicia u organismos, que simplifiquen la gestión de la formación de todos los agentes que participan de la actividad de la Justicia, que posibiliten el acercamiento de la misma a los ciudadanos y en general redunden en una optimización de los recursos y mejora en la prestación del servicio público.

Las líneas estratégicas marcadas por estos planes persiguen la plena integración de las tecnologías de la información en todos los órdenes de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi para convertirla en un referente, no sólo en el ámbito estatal, sino también en el europeo, por lo que respecta a la prestación de servicios eficientes, eficaces, ágiles y de calidad a la ciudadanía.

Desarrollo estatutario

No puedo dejar de decir unas palabras, al hilo de la celebración del 30 aniversario del Estatuto de Gernika, sobre desarrollo estatutario.

El Gobierno Vasco va a promover cuantos encuentros sean necesarios con el Gobierno central en pos del acuerdo, buscando siempre los espacios comunes por encima de las posibles discrepancias, que también existirán.

Para eso se constituyó la Comisión Bilateral que llevaba once años sin reunirse y para eso se reunirá la Comisión Mixta de transferencias en próximas fechas.

Nuestro objetivo es culminar en esta legislatura el proceso de desarrollo estatutario, lo que significa que se materialicen los traspasos correspondientes a todas las competencias que el Estatuto de Gernika reconoce como propias de Euskadi. De todas, no renunciamos a ninguna.

Tampoco a la de centros penitenciarios. Una transferencia en la que vamos a avanzar paso a paso. El primero, a partir de enero, impulsando la transferencia del personal sanitario y educativo que atiende las prisiones.

Internamente hemos efectuado ya un estudio detallado del coste de la transferencia de los maestros, un colectivo de 9 profesores de EGB: tres docentes en Basauri, cuatro en Nanclares y dos en San Sebastián.

Estamos en conversaciones con Sanidad a fin de efectuar idéntico análisis con el personal sanitario que atiende los centros penitenciarios y que es más numeroso.

Confío en que el acuerdo llegará, pero tengo claro que mientras llega, el Gobierno Vasco no va a estar, como ha ocurrido hasta ahora, de espaldas a la realidad de las prisiones.

El pasado 24 de septiembre acudí a la recepción con motivo del día de la Merced en la prisión de Nanclares y el Departamento está en contacto con los directores de los tres centros penitenciarios que existen en Euskadi.

Nuestra idea es hacer un plan integral en la ejecución penal y penitenciaria. Un plan orientado y dirigido a abordar en profundidad la problemática dentro de las prisiones y a la salida de las mismas, con programas de reinserción social y laboral.

También hemos mantenido varias reuniones con los ayuntamientos y con Eudel para poner en marcha un programa de promoción de los trabajos en beneficio de la comunidad como medida de cumplimiento de penas que nos permita duplicar en un año el número de plazas existentes.

Actualmente, según datos de Instituciones Penitenciarias, la CAV cuenta con 356 plazas (156 en Álava, 130 en Bizkaia y 70 en Gipuzkoa), una oferta claramente insuficiente para cubrir la creciente demanda de medidas alternativas a las penas de prisión.

Frente a otras sanciones penales (por ejemplo, las multas) los TBC son una medida igualitaria, pues no dependen de la capacidad económica de las personas; se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado; y promocionan valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.

Por todo ello, estamos decididos a promocionar los trabajos en beneficio de la comunidad y para ello hemos enviado ya a Instituciones Penitenciarias un modelo de convenio al que puedan adherirse ayuntamientos y ONGs, y nos hemos comprometido a que la Administración Pública Vasca oferte también un número significativo de plazas antes de que finalice el año.

Hemos abierto también un cauce de diálogo con Asuntos Sociales a fin de propiciar un programa conjunto y global de atención en las prisiones y de reinserción social y laboral de los reclusos.

Ellos, los cerca de 1.500 hombres y mujeres que cumplen condena en las tres cárceles vascas, son nuestra principal preocupación. Y mejorar en lo posible sus condiciones de vida es el fin último del proceso gradual de asunción de la competencia de prisiones que nos hemos planteado.

Para ello tuve en junio, a poco de prometer mi cargo, una primera reunión con la Secretaria General de Prisiones, Mercedes Gallizo, y a buen seguro tendré otras en el futuro porque su disposición es magnífica.

Voy acabando. Al aceptar la cartera de Justicia en el nuevo Gobierno, me fije como prioridad, de carácter apremiante, recomponer la relación institucional con el TSJ y con el resto de colectivos implicados en la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de Administración de Justicia: fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios, sindicatos y representantes del personal.

La aportación de todos ellos resulta imprescindible para la buena acción de gobierno; su ayuda y exigencia es inexcusable en detectar los fallos del sistema, pero también para establecer adecuadas soluciones.

Esta consejera ha tenido claro desde el principio que, de espaldas a estos colectivos, es imposible la mejora. Y hoy puedo decir con satisfacción que, existiendo entre ellos una pluralidad de intereses que es preciso armonizar, su relación con el Gobierno es buena o muy buena.

Esto no quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo permanente de legitimación social y política de nuestra Administración de Justicia. Algo tan simple, pero de tal potencialidad, como reivindicar permanentemente a nuestros jueces, secretarios, abogados, procuradores, funcionarios y demás como propios, como “los nuestros”.

Debemos construir un sistema de acceso a las profesiones jurídicas al alcance de todos, sin más presupuestos que su capacidad y mérito, lo que por cierto acentúa el arraigamiento territorial y la expansión del bilingüismo, como otro de los puntos en los que no debemos dar un paso atrás.

En este aspecto es obligado que me refiera al decreto de normalización lingüística en la Administración de Justicia y a la sentencia del TSJ que hemos conocido hace unos días y que anula varios artículos vertebrales del mismo.

Ello, se le anuncio esta noche, nos va a obligar a efectuar una reformulación general del decreto.

Los servicios jurídicos centrales del Gobierno están preparando el recurso de Casación, habida cuenta de que la actual Administración comparte el fondo y los objetivos que perseguía el decreto.

Pero la premura de la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial nos obliga a actuar cautelarmente sobre la posibilidad de que haya que reformular el decreto.

Y al hablar de reformulación me refiero a hacer efectiva la cooficialidad y el bilingüismo existente en la Comunidad Autónoma, conforme a su actual implantación y previsión de desarrollo. Y a realizarlo además de una forma paulatina y progresiva.

Ambos objetivos se unen en lograr un sistema de garantía para el ciudadano en los derechos lingüísticos que le son reconocidos constitucional y estatutariamente.

Desde tales premisas, el Gobierno comparte los objetivos previstos en el Decreto parcialmente anulado, y a tal fin, se persigue que en un plazo de 10 años existan alrededor de un 35% de puestos singularizados por el idioma.

Si bien tal porcentaje se distribuirá de forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales. No es lo mismo, por poner un ejemplo, Durango o Gernika, que Bilbao.  

Vamos a hacer planes quinquenales de euskaldunización. De forma que, a la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo en 2010, puedan hacerse efectivos una tercera parte de esos porcentajes y el resto conseguirlo en los dos quinquenios siguientes (2015 y 2020).

La determinación de los puestos singularizados exige definir áreas territoriales prioritarias y funciones procesales o actuaciones judicales que se consideren preferentes en el manejo del idioma.

Otra cuestión son los medios que se han de adoptar para alcanzar estos objetivos. En tal sentido, partimos de la exigencia prevista por el artículo 530 LOPJ y definida en la sentencia antedicha, de modo que los puestos singularizados han de estar justificados en la especial función desempeñada.

La regla de partida es que el euskera se valorará como mérito con carácter general y particularmente en los puestos genéricos, y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados.

La normalización lingüística pasa igualmente por conseguir equipos de tabajo bilingües en la ordenación procesal. Es decir, con capacidad de traducir la tramitación procesal al euskera, sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la resolución judicial dictada.

Por lo que con independencia del lenguaje de las actuaciones judiciales (art. 213 LPOJ), se adopta un sistema dentro de los eventuales servicios comunes que posibilite la confección bilingüe del documento a efectos de cumplir frente al derecho que incumbe al ciudadano en el uso del idioma cooficial.

Por lo demás, se atribuyen los perfiles lingüísticos para la acreditación del idioma a los cuerpos pertenecientes a la Administración de Justicia y no a la relación de puestos de trabajo.Así, para los cuerpos de auxiliadores y tramitadores se requiere el perfil 2 y para el de los gestores el perfil 3. Se establece el sistema de acreditación de los perfiles y los planes de euskaldunización y las prioridades para seguir dicho proceso. En cuanto a esto no existen diferencias sustanciales con lo regulado en el decreto parcialmente anulado, por lo que confiamos en llegar a un acuerdo con los sindicatos sin mayor dificultad.

Otra de las líneas de actuación que nos hemos fijado es la de potenciar los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. Ya no sólo por un motivo de eficiencia del sistema, sino también por un compromiso en una idea de justicia que descansa en la paz social.

Las resoluciones o acuerdos alcanzados por tales vías resultan más efectivos porque en su consecución están implicados directamente los interesados.

El objetivo es extender un sistema uniforme y territorializado de mediación que dé respuesta efectiva a los problemas más próximos y cotidianos como pequeñas reclamaciones, liquidación de daños, propiedad horizontal, etc.

Mi intención es potenciar aquellos mecanismos que den voz a las víctimas en procedimientos penales, a cuya cabeza se encuentra la mediación penal como figura más conocida de la justicia restaurativa.

La experiencia de aquellos asuntos penales donde se ha intervenido con técnicas de mediación penal es en la mayoría de los casos muy satisfactoria, pues no solo se logra una medida punitiva y a la vez resocializadora, sino que la víctima es escuchada y resarcida, no siempre en forma de indemnización, sino con pronunciamientos más importantes para la misma.

La idea es aprovechar la experiencia de la Jurisdicción de Menores en esta materia para impulsarla en la Justicia para adultos, aprovechando igualmente el impulso que el Consejo General del Poder Judicial otorga a la mediación como fórmula resolutoria de conflictos penales.

La solución de conflictos y la pacificación social va más allá de una exclusiva actuación ante los Juzgados y Tribunales, aunque se busque mayoritariamente en estos la solución a todos los conflictos.

Nada puede sustituir su labor, pero resulta obligado y socialmente justificado que la Administración promueva desde los propios operadores jurídicos la búsqueda de resolución de conflictos, creando y potenciando sistemas de mediación y conciliación.

La búsqueda de la paz social pasa por acentuar los sistemas de autocomposición de conflictos, lo que exige dotar desde la Administración el soporte administrativo necesario y las medidas propias para una adecuada gestión.

Para ello es urgente unificar los recursos existentes, centros de mediación en el ámbito familiar mayoritariamente, y promover su creación allí donde actualmente no llegan, no solo en su ubicación o localización física sino también en materias que hasta el momento no se abarcan y que podrían ser susceptibles de encaje en estas fórmulas de autocomposición, como las reclamaciones económicas entre particulares, relaciones entre vecinos o la responsabilidad por daños, entre otras.

No puedo concluir sin dirigirme al colectivo de abogados y procuradores para recabar su apoyo en las necesarias reformas legales que vamos a acometer para una adecuada prestación de servicios en la asistencia jurídica gratuita.

Los principios que orientan el borrador de nuevo decreto de justicia gratuita que estamos preparando son cuatro:

1º. Apuesta por la prestación de un servicio profesional de calidad

La asistencia letrada o la designación de profesional de turno de oficio por insuficiencia de medios no puede ir en detrimento de los beneficiarios del servicio. La garantía de calidad se impulsa desde las siguientes premisas incorporadas al decreto:

- control por la Administración Pública en la formación de acceso y permanencia en los turnos, de suerte que se exigirá una formación complementaria y continuada, que si bien es gestionada por el Consejo o los colegios requiere del visto bueno o acuerdo previo de la Administración.
- Libre designación de profesionales, con límite de llamamientos. Es el mercado quien ha de discriminar la recta y adecuada prestación del servicio profesional, sin impedir el ejercicio por el resto de los colegiados y evitando la profesionalización del turno, a lo que tiende el límite de llamamientos.

- Reforzar el principio de especialización en los turnos, que ya se viene practicando por los Colegios.

- Unificar en un mismo letrado la asistencia inicial y el resto de actuaciones judiciales, como garantía de la adecuada defensa del imputado.

2º. Control en la gestión del servicio

La asitencia jurídica gratuita requiere un particular esfuerzo para la Administración Pública y por comnsiguiente para el conjunto de los ciudadanos. Exige por tanto establecer un sistema adecuado, efectivo y ágil de control en la real prestación del servicio y su calidad.

Se ordenará un sistema informático de gestión al efecto, donde puedan quedar registradas todas las actuaciones profesionales practicadas y sea verficable con sencillez su realización. El sistema informático permite, de otro lado, la transparencia de la gestión del servicio a todos los profesionales implicados en el mismo.

3º. Agilización en la tramitación de los expedientes

El borrador recoge la experiencia acumula por el Servicio de Orientación Jurídica y las Comisiones de Asistencia durante los últimos años, incoporando las prácticas no escritas, pero acordadas fuera del marco del actual decreto, y las previsiones de mejora en la gestión que pueden establecerse en este momento. También se contempla y regula la tamitación electrónica de la solicutd.

4º. Uniformidad en la gestión y prestación de los servicios
Los principios de igualdad y seguridad jurídica requieren un tratamiento unificado a todos los ciudadanos de la CAV. Se fortalecen los Consejos respectivos de abogados y procuradores a fin de uniformar y homogeneizar la gestión y prestación de los servicios en todos los territorios.

Esto es en resumen lo que les quería trasladar esta noche. No me resta sino agradecer su atención y emplazarles al debate que tendremos posteriormente y en el que estaré encantada de contestar a sus preguntas.

Eskerrik asko. Muchas gracias.